MIGRACIÓN DE VENEZUELA
La crisis social, económica y política de Venezuela ha dejado de ser un problema exclusivo del país caribeño y ha devenido en un quebradero de cabeza para toda la región. Las principales potencias han presionado en vano en los últimos años para lograr una salida a la deriva autoritaria de Nicolás Maduro. El problema va ahora más allá. La migración de venezolanos, una riada que supera los 2,3 millones desde 2014, ha puesto en jaque a los Gobiernos de América Latina, que ven cómo la llegada masiva de ciudadanos a sus países puede desbordar los sistemas locales y comienza a generar brotes xenófobos. Las potencias regionales tratan de lograr una respuesta coordinada a la crisis, que, dan por hecho, se acentuará tras las últimas medidas económicas de Nicolás Maduro.
En el pasado, Venezuela ha generosamente acogido a miles de personas refugiadas de la región y otras partes del mundo. Ahora, la cantidad de personas de Venezuela obligadas a abandonar sus hogares continúa aumentando, y un número significativo de ellas necesita protección internacional. Más de 4 millones de venezolanos y venezolanas salieron de su país hasta la fecha, según los datos de los gobiernos que los reciben, lo que representa una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo en tiempos recientes. Ha habido un aumento del 8 mil por ciento en el número de venezolanos y venezolanas que solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en las Américas. Muchos venezolanos y venezolanas que cumplirían con los criterios para ser reconocidos como refugiados no solicitan protección internacional a través de los procedimientos de asilo y, en cambio, optan por otras formas legales de estadía en los países anfitriones, que pueden ser más rápidas de obtener y permiten acceso al trabajo, la educación y los servicios sociales. Sin embargo, cientos de miles de venezolanos y venezolanas permanecen sin ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente en los países cercanos, y por lo tanto carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia.
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